La planificación fiscal agresiva como objeto del intercambio automático de información en la Unión Europea

La planificación fiscal agresiva como objeto del intercambio automático de información en la Unión Europea

Combatir la elusión y evasión fiscales ha sido una prioridad en la agenda política Europea, espoleada bajo la promoción de la transparencia, como uno de los pilares para conseguir un sistema tributario más justo. Transparencia que se sustenta sobre el intercambio de información entre Administraciones tributarias. Por este motivo, las modificaciones de la Directiva de cooperación administrativa, llevadas a cabo en los últimos años, están todas relacionadas con la ampliación de los límites del intercambio de información tributaria entre jurisdicciones comunitarias, que puede resumirse del siguiente modo:

–          2011: Directiva 2011/16/UE UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011. Introdujo la obligatoriedad del intercambio automático de información respecto de la renta y el patrimonio no financieros a partir del 1 de enero de 2015.

–          2014: Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 16 de diciembre de 2014. Regula el intercambio automático de información sobre cuentas financieras entre los Estados miembros (renta y patrimonio financieros).

–          2015: Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015. Introduce la obligatoriedad del intercambio automático de información relativa a los acuerdos tributarios previos con efecto transfronterizo (caso Luxleaks, pactos con autoridades fiscales).

–          2016: Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016. Establece la obligatoriedad del intercambio automático de información sobre los informes país por país entre las autoridades fiscales (precios de transferencia).

–          Propuesta de Directiva 2016/107 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de abril de 2016. Trata sobre la divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales.

 

Sin embargo, la ampliación de los límites de la transparencia no termina aquí. La progresiva implantación de las acciones BEPS[1] de la OCDE ha llevado a la Comisión Europea a elaborar una Propuesta de Directiva por la que pretende introducirse no tan solo la revelación de los esquemas de planificación fiscal agresiva tal y como los ha planteado la Acción 12 de BEPS a las autoridades tributarias del Estado de residencia, sino que pretende enmarcarlos dentro del abanico de datos objeto de intercambio  automático con el resto de Estados miembros.

Tal y como dice la Propuesta de Directiva, filtraciones recientes -como es el caso de los llamados “Papeles de Panamá”- ponen de manifiesto el importante rol de ciertos intermediarios que en su labor profesional han ayudado activamente a sus clientes a utilizar mecanismos de planificación fiscal agresiva con el único objetivo de reducir su carga fiscal, ocultando rentas y patrimonio en jurisdicciones “opacas”, llegando a ser determinadas estructuras no tan sólo ilícitas sino ilegales. Así, pues, el objetivo de la Directiva es la revelación, previa implementación, de estos mecanismos transfronterizos (planificación fiscal que se nutra de dos o más jurisdicciones) de operaciones que presentan determinadas “marcas” o “connotaciones” sospechosas de constituir planificación fiscal agresiva, que cuando se den, obligarán a informar sobre la intención de llevar a cabo dichas operaciones o negocios que las presenten.

 

Estas “señas” se encuentran en el Anexo IV de la directiva, y se basan en el criterio del “beneficio principal”, es decir, en el criterio por el que el beneficio principal del uso de un mecanismo es la obtención de una ventaja fiscal. Estas señas se pueden agrupar del siguiente modo:

–          Señas distintivas generales: Señas que de forma clara presentan un único objetivo detrás de la planificación: el ahorro o la ventaja fiscal.

Por ejemplo, esquemas de planificación en los que el contribuyente acuerde no revelar la información de dicho mecanismo a las autoridades de forma que el único beneficio que obtendría sería fiscal o bien esquemas por los que los intermediarios que los han diseñado perciben sus honorarios de la ventaja fiscal que ha obtenido el contribuyente.

–          Señas distintivas específicas las cuales se pueden vincular a:

  • La prueba del beneficio principal: Señas que no tan directamente quedan vinculadas al criterio del beneficio principal, pero que indirectamente buscan ese beneficio fiscal como objetivo último.

Por ejemplo, el uso de empresas pantalla, vacías de función empresarial; mecanismos por los que el contribuyente reduce su deuda fiscal mediante el uso de pérdidas o el traslado de las mismas a otros Estados (mecanismo clásico utilizado por las  multinacionales).

  • Operaciones transfronterizas: Operaciones que indirectamente buscan el beneficio fiscal como objetivo último aprovechando la internacionalización de la operación.

Por ejemplo, pago de operaciones en Estados donde no se aplique el impuesto de sociedades, o con impuesto de sociedades reducido, o pagos destinados a Estados calificados como paraísos fiscales, o Estados donde la transferencia recibe beneficios fiscales por el hecho de que el destinatario del pago resida en su territorio,

  • Acuerdos de intercambio automático de información: Uso de esquemas de planificación que eviten aplicar los acuerdos europeos o la normativa europea de intercambio de información tributaria.
  • Precios de transferencia: Uso de una planificación fiscal que no cumpla con la normativa de precios de transferencia en empresas del mismo grupo.

 

Así, pues, se trata de una medida que, de aprobarse, tendrá gran impacto sobre negocios o situaciones que podrían calificarse como potencialmente abusivos, pudiendo afectar al asesoramiento fiscal y a la planificación fiscal internacional de las empresas y particulares.

 

Como decimos, el propósito de la Propuesta de Directiva es la obligación de notificar a las autoridades tributarias los mecanismos que se consideren como indicios de planificación fiscal, antes de ser ejecutados, (aquellos que presenten esas “marcas”) bajo el riesgo de sanción, si se llevaran a cabo sin haber informado previamente. En este sentido la propia Comisión reconoce abiertamente que el objetivo de la Directiva no es tanto la búsqueda de sancionar esas conductas como precisamente, disuadirlas. En esta búsqueda de disuasión los sujetos afectados, es decir, los obligados a informar a las autoridades, serán denominados “intermediarios” establecidos en la Unión Europea. Será considerada como tal toda persona que planee, conciba o comercialice operaciones en las que incidan aspectos transfronterizos y que encajen en la planificación fiscal agresiva. Si estos “intermediarios” están amparados por el secreto profesional, la obligación de informar sobre el diseño de esta tipología de estructuras “marcadas” como potencialmente agresivas, recaerá sobre el propio contribuyente para quien se diseñan.

 

En conclusión, la Propuesta de Directiva pretende la revelación de ciertos mecanismos de ámbito internacional  (mecanismos transfronterizos) que puedan ser clasificados como de estructuras de planificación fiscal agresiva antes de que se lleven a cabo o empiecen a funcionar efectivamente. Esta obligación de información recaerá principalmente sobre los intermediarios que las conciban, comercialicen o gestionen pero, en caso de que éstos intermediarios estén amparados por el secreto profesional, serán los propios contribuyentes los obligados a informar a las autoridades tributarias (Agencia Tributaria, en el caso de España) para que éstas procedan a intercambiar de forma automática dicha información con el resto de autoridades fiscales de la Unión Europea. Así, pues, habrá que estar atentos al desarrollo e implementación de la futura Directiva, su incidencia en las relaciones mercantiles internacionales y su posible incidencia en el ordenamiento tributario interno (no olvidemos la actual normativa sobre operaciones vinculadas o sobre el régimen fiscal de fusiones).

 

Barcelona, septiembre de 2017.

 

Podrá encontrar esta y otras noticias en nuestra web: http://www.becerra.es/



[1] BEPS son las siglas en inglés de Base Erosion Profit Shifting, que en castellano significa “Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios”. El plan BEPS es un paquete de medidas por los que apuesta la OCDE (Organización para la Cooperación al Desarrollo Económicos) que se está adaptado normativamente por los Estados con la intención de adaptar los sistemas tributarios a las exigencias del mundo actual. Puede leer en la web, la circular dedicada a BEPS.

La planificación fiscal agresiva como objeto del intercambio automático de información en la Unión Europea

 

Combatir la elusión y evasión fiscales ha sido una prioridad en la agenda política Europea, espoleada bajo la promoción de la transparencia, como uno de los pilares para conseguir un sistema tributario más justo. Transparencia que se sustenta sobre el intercambio de información entre Administraciones tributarias. Por este motivo, las modificaciones de la Directiva de cooperación administrativa, llevadas a cabo en los últimos años, están todas relacionadas con la ampliación de los límites del intercambio de información tributaria entre jurisdicciones comunitarias, que puede resumirse del siguiente modo:

 

–          2011: Directiva 2011/16/UE UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011. Introdujo la obligatoriedad del intercambio automático de información respecto de la renta y el patrimonio no financieros a partir del 1 de enero de 2015.

–          2014: Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 16 de diciembre de 2014. Regula el intercambio automático de información sobre cuentas financieras entre los Estados miembros (renta y patrimonio financieros).

–          2015: Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015. Introduce la obligatoriedad del intercambio automático de información relativa a los acuerdos tributarios previos con efecto transfronterizo (caso Luxleaks, pactos con autoridades fiscales).

–          2016: Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016. Establece la obligatoriedad del intercambio automático de información sobre los informes país por país entre las autoridades fiscales (precios de transferencia).

–          Propuesta de Directiva 2016/107 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de abril de 2016. Trata sobre la divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales.

 

Sin embargo, la ampliación de los límites de la transparencia no termina aquí. La progresiva implantación de las acciones BEPS[1] de la OCDE ha llevado a la Comisión Europea a elaborar una Propuesta de Directiva por la que pretende introducirse no tan solo la revelación de los esquemas de planificación fiscal agresiva tal y como los ha planteado la Acción 12 de BEPS a las autoridades tributarias del Estado de residencia, sino que pretende enmarcarlos dentro del abanico de datos objeto de intercambio  automático con el resto de Estados miembros.

 

Tal y como dice la Propuesta de Directiva, filtraciones recientes -como es el caso de los llamados “Papeles de Panamá”- ponen de manifiesto el importante rol de ciertos intermediarios que en su labor profesional han ayudado activamente a sus clientes a utilizar mecanismos de planificación fiscal agresiva con el único objetivo de reducir su carga fiscal, ocultando rentas y patrimonio en jurisdicciones “opacas”, llegando a ser determinadas estructuras no tan sólo ilícitas sino ilegales. Así, pues, el objetivo de la Directiva es la revelación, previa implementación, de estos mecanismos transfronterizos (planificación fiscal que se nutra de dos o más jurisdicciones) de operaciones que presentan determinadas “marcas” o “connotaciones” sospechosas de constituir planificación fiscal agresiva, que cuando se den, obligarán a informar sobre la intención de llevar a cabo dichas operaciones o negocios que las presenten.

 

Estas “señas” se encuentran en el Anexo IV de la directiva, y se basan en el criterio del “beneficio principal”, es decir, en el criterio por el que el beneficio principal del uso de un mecanismo es la obtención de una ventaja fiscal. Estas señas se pueden agrupar del siguiente modo:

–          Señas distintivas generales: Señas que de forma clara presentan un único objetivo detrás de la planificación: el ahorro o la ventaja fiscal.

 

Por ejemplo, esquemas de planificación en los que el contribuyente acuerde no revelar la información de dicho mecanismo a las autoridades de forma que el único beneficio que obtendría sería fiscal o bien esquemas por los que los intermediarios que los han diseñado perciben sus honorarios de la ventaja fiscal que ha obtenido el contribuyente.

 

–          Señas distintivas específicas las cuales se pueden vincular a:

  • La prueba del beneficio principal: Señas que no tan directamente quedan vinculadas al criterio del beneficio principal, pero que indirectamente buscan ese beneficio fiscal como objetivo último.

 

Por ejemplo, el uso de empresas pantalla, vacías de función empresarial; mecanismos por los que el contribuyente reduce su deuda fiscal mediante el uso de pérdidas o el traslado de las mismas a otros Estados (mecanismo clásico utilizado por las  multinacionales).

 

  • Operaciones transfronterizas: Operaciones que indirectamente buscan el beneficio fiscal como objetivo último aprovechando la internacionalización de la operación.

 

Por ejemplo, pago de operaciones en Estados donde no se aplique el impuesto de sociedades, o con impuesto de sociedades reducido, o pagos destinados a Estados calificados como paraísos fiscales, o Estados donde la transferencia recibe beneficios fiscales por el hecho de que el destinatario del pago resida en su territorio,

 

  • Acuerdos de intercambio automático de información: Uso de esquemas de planificación que eviten aplicar los acuerdos europeos o la normativa europea de intercambio de información tributaria.

 

  • Precios de transferencia: Uso de una planificación fiscal que no cumpla con la normativa de precios de transferencia en empresas del mismo grupo.

 

Así, pues, se trata de una medida que, de aprobarse, tendrá gran impacto sobre negocios o situaciones que podrían calificarse como potencialmente abusivos, pudiendo afectar al asesoramiento fiscal y a la planificación fiscal internacional de las empresas y particulares.

 

Como decimos, el propósito de la Propuesta de Directiva es la obligación de notificar a las autoridades tributarias los mecanismos que se consideren como indicios de planificación fiscal, antes de ser ejecutados, (aquellos que presenten esas “marcas”) bajo el riesgo de sanción, si se llevaran a cabo sin haber informado previamente. En este sentido la propia Comisión reconoce abiertamente que el objetivo de la Directiva no es tanto la búsqueda de sancionar esas conductas como precisamente, disuadirlas. En esta búsqueda de disuasión los sujetos afectados, es decir, los obligados a informar a las autoridades, serán denominados “intermediarios” establecidos en la Unión Europea. Será considerada como tal toda persona que planee, conciba o comercialice operaciones en las que incidan aspectos transfronterizos y que encajen en la planificación fiscal agresiva. Si estos “intermediarios” están amparados por el secreto profesional, la obligación de informar sobre el diseño de esta tipología de estructuras “marcadas” como potencialmente agresivas, recaerá sobre el propio contribuyente para quien se diseñan.

 

En conclusión, la Propuesta de Directiva pretende la revelación de ciertos mecanismos de ámbito internacional  (mecanismos transfronterizos) que puedan ser clasificados como de estructuras de planificación fiscal agresiva antes de que se lleven a cabo o empiecen a funcionar efectivamente. Esta obligación de información recaerá principalmente sobre los intermediarios que las conciban, comercialicen o gestionen pero, en caso de que éstos intermediarios estén amparados por el secreto profesional, serán los propios contribuyentes los obligados a informar a las autoridades tributarias (Agencia Tributaria, en el caso de España) para que éstas procedan a intercambiar de forma automática dicha información con el resto de autoridades fiscales de la Unión Europea. Así, pues, habrá que estar atentos al desarrollo e implementación de la futura Directiva, su incidencia en las relaciones mercantiles internacionales y su posible incidencia en el ordenamiento tributario interno (no olvidemos la actual normativa sobre operaciones vinculadas o sobre el régimen fiscal de fusiones).

 

 

Barcelona, septiembre de 2017.

 

Podrá encontrar esta y otras noticias en nuestra web: http://www.becerra.es/



[1] BEPS son las siglas en inglés de Base Erosion Profit Shifting, que en castellano significa “Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios”. El plan BEPS es un paquete de medidas por los que apuesta la OCDE (Organización para la Cooperación al Desarrollo Económicos) que se está adaptado normativamente por los Estados con la intención de adaptar los sistemas tributarios a las exigencias del mundo actual. Puede leer en la web, la circular dedicada a BEPS.